La Sala Constitucional es el principal obstáculo en Venezuela para la investigación de violaciones graves a los Derechos Humanos

 

De acuerdo con la sentencia 528 del 3 de julio del presente año, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló la solicitud de imputación que planteo el Ministerio Público al ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, por la presunta responsabilidad en la violación grave de derechos humanos durante las protestas que se han presentado en el país desde el 1 de abril.

 

Arbitrariamente, La Sala Constitucional declaró con lugar una acción de amparo que solicitó la nulidad de la citación efectuada, motivando que no se solicitó un antejuicio de mérito previo contra el EX FUNCIONARIO.

 

Benavides Torres debía comparecer el 6 de julio ante la Fiscalía 49º Nacional en Caracas. Con este acto el TSJ viola una vez más lo establecido expresamente en la ley, y contradice su propia jurisprudencia, ya que ningún tribunal puede anular una citación de imputación, por cuanto este es un acto administrativo previo, que le permite a todo imputado conocer sobre las actuaciones que ha realizado el MP y organizar su defensa, previo a cualquier enjuiciamiento. Razón por lo cual, el acto de imputación es exclusivo del Ministerio Público y constituye una garantía al debido proceso, expresamente señalada en la ley y en resguardo del derecho fundamental a la defensa y al debido proceso.

 

Por todo ello, la Sala Constitucional del TSJ se coloca una vez más, del lado contrario a la Constitución de la República y la Ley con una decisión interesada de carácter político, que impide la investigación a la violación de Derechos Humanos en Venezuela.

 

Carlos Aponte

 

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