El Acoso del Régimen a los magistrados del TSJ, a un mes de su designación por la Asamblea Nacional

Hoy lunes 21 de agosto se cumple un mes de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ya hace un mes, el día viernes 21 de julio de 2017, se realizó la sesión especial de la Asamblea Nacional convocada para la escogencia, designación y juramentación de los nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes en la ciudad de Caracas. 

 

 

Precedentes:

 

El 6 de diciembre de 2015 se celebraron las elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea Nacional por los próximos cinco años. Por lo cual comenzaría a ejercer su período constitucional a partir del día 5 de enero de 2016 hasta el día 5 de enero de 2021. En dichas elecciones, se adjudicó la victoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal movimiento de oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, con 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional,  que según boletín, remitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó que la MUD obtuvo 7.707.422 votos, lo que representó el 56,2 %, mientras que el chavismo solo logró 5.599.025 votos, lo cual representa un 40,8 % del universo de votantes que concurrieron a la elección.

 

En víspera de navidad del miércoles 23 de diciembre del año 2015, la Asamblea Nacional, saliente de amplia tendencia oficialista, en sesión convocada de forma extraordinaria y por mayoría simple, designó a 13 magistrados principales y 20 suplentes, los cuales pasaron a formar parte del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Por su parte, el diputado Andrés Velásquez, cuestionó al oficialismo por el nombramiento de estos nuevos magistrados al TSJ, por considerar que se estarían pasando por alto todos los procedimientos establecidos en la ley, y cuestionó la legitimidad de la Asamblea Nacional saliente para realizar dichos nombramientos, afirmando que:  "Sin duda estamos en presencia de un asalto, de un desmantelamiento de la institucionalidad del país. Esta sesión podríamos definirla como la sesión del miedo ¿Quién iba a creer que ustedes (los oficialistas) que estuvieron durante 17 años metiéndole miedo al pueblo ( ...), hoy hagan una sesión de miedo al pueblo", manifestó Velásquez.

 

El nuevo periodo constitucional de la Asamblea Nacional comenzó el día 5 de enero del año 2016, con la instalación de sus nuevas autoridades. En la sesión ordinaria del martes 26 de enero, la Asamblea Nacional designó la Comisión Especial para estudiar y analizar la elección y designación de 13 magistrados principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, que hizo la saliente Asamblea Nacional, lo cual realizó con mayoría simple en sesión extraordinaria en fecha 23 de diciembre de 2015.

 

La comisión estuvo integrada por Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti, María Gabriela Hernández del Castillo, Juan Miguel Matheus Fernández, Freddy Rafael Valera Medina, Iván Stalin González Montaño, Juan Pablo García Canales, Amérigo Giuseppe De Grazia Veltri y Sonia Andreina Medina Guerrero, a quienes se le encomendó presentar a la Plenaria de la Asamblea Nacional el “Informe Final”, contentivo de las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio y análisis efectuado al proceso de selección y elección de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para el periodo 2015-2027. 

 

El objeto de la Comisión Especial estuvo circunscripto a estudiar y analizar: 

Primero: Si se cumplieron los extremos requeridos para la conformación y funcionamiento del Comité de Postulaciones Judiciales previstos en los artículos 264 y 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y en los artículos 3, 4, 6 y 8 del Reglamento Interno del Comité de Postulaciones Judiciales; 

 

Segundo: Si se cumplió con el procedimiento preestablecido en los artículos 70, 71, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31 del Reglamento Interno del Comité de Postulaciones Judiciales, para convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar al Poder Ciudadano la lista de los candidatos y las candidatas elegibles para ocupar los cargos de Magistrados y Magistradas Principales y Suplentes al Tribunal Supremo de Justicia; y

 

Tercero: Si se cumplió con los extremos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el Reglamento Interno del Comité de Postulaciones Judiciales y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, para la selección definitiva, designación y juramentación de los candidatos y las candidatas elegibles para ocupar los cargos de Magistrados y Magistradas Principales y Suplentes al Tribunal Supremo de Justicia.

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró como “ilegítima” la comisión Especial de la Asamblea Nacional para revisar el nombramiento de los magistrados Principales y Suplentes designados de forma express en diciembre de 2015, de acuerdo con la sentencia °9 publicado el 1 de marzo de 2016.

 

En sesión ordinaria del 14 de julio de 2016 de la Asamblea Nacional, el diputado Stalin González solicitó la consideración en la plenaria, del informe de la Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del TSJ que solicita la anulación de la designación de los jueces. El encargado de leer el documento fue el diputado y presidente de la comisión especial, Carlos Berrizbeitia, quien consideró que la designación “fue una franca violación” a la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ (Lotsj). Afirmando, que “El TSJ perdió su institucionalidad, su independencia, actuando como un brazo ejecutor político en contra de un poder independiente, electo por el pueblo”.

 

Para sustentar sus acusaciones Berrizbeitia presentó los currículos de los magistrados Calixto Ortega y Lourdes Suárez (ambos de la Sala Constitucional) y Cristian Zerpa (Sala Electoral). El diputado señaló que los designados no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley, como ser abogados de reconocida competencia, ser profesor universitario, no tener militancia política y cursar una especialidad o doctorado en derecho. Señaló el caso de Zerpa que fue diputado del Psuv en el anterior periodo legislativo. “Él votó por sí mismo”, señaló.

 

Pese a que los “magistrados” de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, consideraran mediante decisión publicada el día jueves 21 de julio, la nulidad de la actuación del Poder Legislativo, arguyendo en su motiva, entre otras cosas: que el acto legislativo era extemporáneo, que no existían vacantes y de igual forma declarando en su propio beneficio, que no existían inobservancia de preceptos constitucionales y legales en sus nombramientos. Advirtiendo que quienes fuesen nombrados como magistrados, podían incurrir en el delito de usurpación de funciones.

Al respecto, el informe presentado por la comisión especial de la Asamblea Nacional, recoge un conjunto de pruebas que demuestran que es evidente, que quienes han incurrido en el delito de usurpación de funciones, son precisamente las personas que fueron nombradas irregularmente como Magistrados del TSJ, conociendo suficientemente que no se habían cumplidos los procedimientos legalmente establecidos, y lo que es más grave aún, que no contaban con las exigencias mínimas personales, taxativamente expresadas en la Constitución de la República y en la ley, y que de forma temeraria se atrevieron a juramentarse con tal acta investidura. 

 

El informe advierte que, en igual responsabilidad así como en otros delitos de mayor magnitud, han incurrido todos aquellos que se prestaron para cometer este fraude al pueblo venezolano, ya que faltando pocas horas para que culminara su periodo en la Asamblea Nacional, temerariamente se atrevieron a saltarse todos los procedimientos Constitucionales y legales, con la finalidad de permitir que afectos a una parcialidad política fuesen nombrados magistrados del TSJ, y sirvieran a las órdenes de un régimen dictatorial, apoyado en sus “sentencias”. 

El informe de igual forma señala, que todos estos “magistrados” son responsables directos por el daño ocasionado a personas, bienes y al pueblo venezolano en general, ocurrido por su irresponsabilidad, al atreverse a suscribir sentencias, cuya única finalidad está centrada en el  interés personal y en el objetivo de mantener a un gobierno espurio en el poder, obviando toda ética jurídica, así como vulnerando con su actuación, el estado de derecho y de justicia como valor fundamental de nuestra República.

 

El parlamentario solicitó al Poder Legislativo que convoque con “urgencia” a la Comisión de Postulaciones Judiciales para cubrir las vacantes. Destacó que el máximo juzgado ha dictado 14 decisiones en contra del Parlamento como la suspensión de los diputados del estado Amazonas, que dejó sin representación a ese estado y las sentencias que han limitado las funciones constitucionales del Parlamento.

 

De acuerdo con el artículo 265 el Poder Ciudadano debe calificar la “falta grave” de los magistrados antes de la votación en la Asamblea Nacional. Berrizbetia indicó que el 15 de junio enviaron una comunicación al contralor general de la República, Manuel Galindo, quien preside el Consejo Moral Republicano sin obtener respuesta alguna. Acusó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, de formar parte del “fraude constitucional” de la designación. 

El día martes 13 de junio de 2017, la Asamblea Nacional juramentó a los miembros que integrarán el comité de postulaciones judicial para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

 

En fecha 20 de julio, El Tribunal Supremo de Justicia, declaró “nulo” el acto de nombramiento de nuevos magistrados por parte de la Asamblea Nacional.

 

El viernes 21 de julio de 2017, durante una sesión ordinaria en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, Caracas, la Asamblea Nacional designó a 13 magistrados principales y a 20 suplentes que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, explicó que el nombramiento se realizó de conformidad con el artículo 264 de la Constitución y a los artículos 8 y 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Posterior a esto, se realizó otra sesión en la que se juramentó a los magistrados designados.

A treinta días del nombramiento, la situación se torna confusa, el régimen dictatorial de Nicolas Maduro, ha emprendido una fiera persecución, ordenando de forma sumaria, la congelación de bienes y las cuentas bancarias, condenando anticipadamente a los abogados u organizaciones que ejerzan acciones en su defensa, persiguiendo y hostigando a sus familiares y amigos, impulsándolos al exilio, el asilo o la cárcel, en un afán desenfrenado por obligarlos a renunciar.

 

El primero en caer en las garras del gobierno fue el magistrado Angel Zerpa, quien fue arrestado el día después de la juramentación y lo mantienen incomunicado en el Sebin, de quien se conoce que se mantiene en huelga de hambre y cuya posición moral se conserva inalterable. Han sido varias las embajadas que han prestado refugio a estos ciudadanos.

 

En la embajada de Chile, se encuentran: Zuleima Gonzalez, Beatriz Ruiz, Jose Nuñez, Elenis Rodriguez y Luis Marcano. Mientras que en la embajada de México se encuentra: Fernando Marín. Por otra parte, Gonzalo Oliveros, Rafael Ortega, Gonzalo Alvarez, Rubén Carrillo y Evelin de D´Apolo solicitaron asilo al gobierno colombiano, a su ingreso en este país sus pasaportes fueron sellados como turistas y no se le presto el trató de asilados o refugiados. Por su parte, Panamá, le otorgo el asilo político a Gustavo Sosa y a Manuel Espinoza. El Dr. Ramón Pérez logró llegar a Santiago de Chile y solicitar a las autoridades el refugio diplomático, lo cual se encuentra en trámite. 

 

En el territorio Norte Americano se encuentran: Alejandro Jesús Rebolledo, Antonio Marval, Ransis Chazaoui, Domingo Salgado, Thomas Alzuru, Pedro Troconis, Gabriel Calleja, Miguel Ángel Martin y Cruz Alejandro Graterol. Mientras que Idelfonso Ifill Pino se mantiene en resguardo en una embajada que no pudo ser identificada.

 

Manuel Reyes y a Jesus Rojas, fueron obligados por el régimen a retractarse y renunciar al cargo para el cual habían sido juramentados. De igual forma se desconoce la situación de Cioly Zambrano, Sabino Zamora, Rommel Gil, Jose Luis Rodriguez, Miltom Ladera y Luis Ramos. 

 

La Asamblea Nacional y varias Organizaciones de defensa de derechos Humanos, han solicitado a distintos organismos de la OEA y nivel internacional que sean dictadas medidas de protección en favor de los 33 magistrados. Es por ello, que hoy más que nunca, la aspiración de justicia de un grupo de venezolanos que juraron defender la Constitución, por encima del abuso de poder y las ansias de una minoría circunstancial de mantener sus prerrogativas, encuentra cada día más justificación.

 

Que la búsqueda por alcanzar la justicia sea la fuerza que mantenga viva la ilusión de progreso y paz del pueblo venezolano, por salir de la tiranía impuesta por el régimen opresor.

 

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