Caso Odebrecht

La Fiscal General venezolana Luisa Ortega dijo este miércoles 23 de agosto en Brasil que tenía "muchas pruebas" sobre supuestos vínculos del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y de otros altos funcionarios de su gobierno que lo vinculan de forma directa con sobornos recibidos a cuenta de contratos otorgados por el gobierno de Venezuela a la empresa brasilera Odebrecht, revelando la existencia de una vasta red de sobornos y corrupción que tiene ramificaciones en muchos países de América Latina y fue usada con fines políticos para difundir el socialismo, así como para crear millonarios de la nada.

 

Ortega dijo haber sido perseguida en el afán de esconder tantos hechos de corrupción, de los cuales tiene muchas pruebas, y concretamente en el caso de Odebrecht, estas evidencias demuestran suficientemente el compromiso con actos delictivos, de forma directa e inmediata de muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, (y) los miembros de la espuria Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez entre otros.

 

Por ejemplo, señalo la Fiscal Luisa Ortega Diaz, que "En el caso de Odebrecht, hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa denominada española (...), cuyos propietarios son sus primos", detalló.

 

El caso Odebrecht, representa en la actualidad una enorme trama de corrupción de una empresa trasnacional cuya fachada era la construcción y que de fondo perpetraba distintas modalidades de delictiva dirigida a ablandar especialmente a la clase política latinoamericana, comprando conciencias y voluntades.

 

En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras, detenida en su lujosa mansión de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. Tal situación evidencio la trama de corrupción económica brasileña, que involucraba a importantes sectores comerciales y ligado a la banca así mismo al mundo político. Al profundizar la investigación, dejo en evidencia que la trama de corrupción no solo afectaba a importantes sectores brasileros, sino que se extendía  a una serie de secretos que al develarse trazaban oscuros intereses en toda América latina, siendo el principal testigo el nieto –y ya por entonces presidente- de la mayor constructora de América Latina, con 168.000 empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Venezuela, Colombia, Perú o EE UU, eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por si solos, derribar presidencias o hacer caer gobiernos en toda la región.

 

Durante muchos meses, Marcelo Bahía Odebrecht, un hombre tenaz y de carácter fuerte, se negó a cooperar con la Fiscalía brasileña, quien a cambio de confesar lo que sabía, le otorgarían considerables rebajas de condenas por señalar a quién había sobornado para conseguir contratos golosos. Pero la situación en caída libre de la empresa, sobre la que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más el conjunto de evidencias recogidas por los investigadores, dentro de la cual se encontró la carpeta olvidada de una secretaria en la que figuraban los nombres y apodos de los políticos sistemáticamente sobornados, constituyó una de las más concluyentes razones que le hicieron doblegarse y confesar.

 

Aceptó informar sobre los pormenores de la operación a cambio de rebajar diez años a la condena que le correspondería de diecinueve años. Con él, otros setenta y siete altos ejecutivos de la empresa rindieron declaración que permitió determinar el alcance y dimensión de las operaciones, los involucrados, las fechas y las sumas de dinero entregadas a cambio del otorgamiento de cuantiosos contratos.

 

Pero una vez que las investigaciones se habían puesto en marcha, nada iba a impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo. Desde EE UU y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y al expresidente peruano Alejandro Toledo, a los presidentes venezolanos Hugo Chavez y Nicolas Maduro entre otros. 

 

Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano, afirmó en diciembre de 2016, que “Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios dentro de la empresa, como estructura dedicada a impulsar, manejar y contabilizar los sobornos y prebendas que sistemáticamente consideraba en sus costos, para pagar cientos de millones de dólares y con ello corromper a funcionarios de Gobierno en países de los tres continentes”.

 

Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de más de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a contrataciones públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.  

 

La ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, quien salió de Venezuela tras ser acusada de traición por el gobierno de Nicolás Maduro, afirmó en Brasilia que posee pruebas suficientes que ha puesto a la disposición del Ministerio Público de al menos cuatro países, para denunciar por corrupción al presidente Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a otros tantos altos funcionarios del gobierno venezolano, advirtió que el caso puede generar inestabilidad en la región.

 

El canciller de Brasil, Aloysio Nunes, afirmó que su gobierno le ofreció asilo a Ortega Díaz, pero ella respondió que por el momento prefería regresar a Colombia, adonde llegó la semana pasada por vía aérea tras escapar en lancha hasta Aruba.

“Voy a entregar pruebas a autoridades de distintos países para que se investigue, en virtud del principio de jurisdicción universal”, dijo Ortega Díaz al participar de una reunión de procuradores generales de los países miembros del Mercosur y los Brics, en Brasilia.

 

Ortega atribuyó su destitución y la persecución política que dice sufrir en Venezuela “al afán de esconder los hechos de corrupción de los que tengo muchas pruebas” y a las investigaciones que adelantaba sobre los sobornos pagados por la constructora Odebrecht a varias autoridades.

 

“Tengo pruebas en el caso Odebretch que comprometen a Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros”, afirmó Ortega en la ceremonia de apertura de una reunión de fiscales en Brasilia, donde dijo que quería denunciar ante el mundo la situación de “corrupción desmedida” en Venezuela.

 

“Estas pruebas que tenemos se las voy a entregar a las autoridades de distintos países, como Estados Unidos, Colombia y España, para que se investiguen, porque en Venezuela no hay justicia, en Venezuela es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción o de narcotráfico, y, en consecuencia, la comunidad internacional tiene que investigar estos casos”, agregó.

 

Entre otros, citó el de una empresa mexicana que sería propiedad del propio Maduro contratada por el Estado venezolano para distribuir las CLAP (bolsas de alimentos repartidas entre personas de escasos recursos).

“En el caso de Odebrecht hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa que sería española, denominada TSE Arietis, cuyos propietarios son sus primos”, agregó. La ex fiscal dijo que todas esas pruebas estarán a disposición de los países que las requieran.

 

Ortega también arremetió contra la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que la destituyó, y afirmó que su destitución se hizo a “espaldas del pueblo” para arremeter contra el Ministerio Público y contra las demás instituciones que aún eran independientes.

 

“Esta Constituyente tiene facultades para imputar, para perseguir, para condenar, para, como una inquisición, tomar decisiones y condenar a cualquier ciudadano que constituya un adversario político”, afirmó.

 

Ortega aprovechó el foro multinacional para solicitar a los países de la región y a los organismos internacionales que le exijan a Venezuela que respete la Constitución y derogue una Constituyente con super poderes pese a que fue elegida con “menos de 2 millones de votos y en medio de denuncias de fraude”.

 

A su juicio, lo más grave es que la situación de Venezuela amenaza a otros países de la región.

 

“En Venezuela lo que ha ocurrido es la muerte del estado de derecho. La estabilidad de la región está en peligro. Lo que ocurre en Venezuela puede permear a toda la región”, afirmó en la apertura de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM), donde fue tratada como la “fiscala legítima” de Venezuela.

 

Sobre su futuro, dijo que regresará a Colombia para evaluar la oferta que recibió de asilo político pero que su intención es recorrer el mundo para denunciar lo que pasa en Venezuela, desde las violaciones de derechos humanos hasta una corrupción que “ha traído consigo otros problemas, ya que impide que el venezolano tenga acceso a alimentos, a salud, a los medicamentos más básicos”.

 

Ortega señaló que, tras ser ilegítimamente destituida por investigar la corrupción en Venezuela, fue sustituida por un fiscal incompetente e inmoral, con seis investigaciones abiertas.

 

“Fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designada una persona para que ocupara las funciones de fiscal general de la república que tiene seis expedientes por corrupción. Y lo primero que hizo fue solicitar los expedientes para pedir su propio sobreseimiento”, dijo.

 

Afirmó que los seis expedientes contra el nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA y que no servirá de nada archivar los procesos y esconder las pruebas porque tiene en su poder copias certificadas de todos los documentos comprometedores.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0