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La tumba de Óscar Pérez

En esa tumba, reposan los restos de Óscar Pérez, quien en la mañana de este domingo 21 de enero aproximadamente a las 6:00 am, fue enterrado por el gobierno del dictador Nicolás Maduro, sin estar presente ninguno de sus familiares o amigos y más deshonroso para el gobierno aún, sin contar con autorización expresa por parte de algún familiar para proceder al acto de inhumación.  

 

Oscar Pérez fue vilmente asesinado el pasado lunes 15 de enero en el kilómetro 16 de El Junquito junto a seis compañeros, luego de que había depuesto sus fuerzas, pretendió proteger su propia vida y la vida de aquellos quienes lo acompañaban, inclusive personas inocentes que de forma circunstancial se encontraban en el lugar. Sin embargo, de forma sumaria y vil, el gobierno ordenó su ajusticiamiento y el de todos los que se encontraban con él, incluyendo una joven embarazada.

 

Óscar Pérez, fue enterrado en la zona más alta del cementerio, de acceso difícil a pie, cerca de las antenas de comunicación. En los registros del cementerio, quedó anotado con la parcela número 42A. No quedó evidencia fehaciente de que los restos del héroe que soñó la liberación de un régimen asesino y despótico, estén realmente en esa tumba, ya que los funcionarios serviles del dictador, desde la noche anterior, se aseguraron de despojar a todo el Personal del Cementerio de sus equipos telefónicos. Para luego, al desplegar el alba, depositar en la tumba los restos mortales y cubrirlos con tierra, sin la presencia de ningún familiar. Es así como, el gobierno decidió que se enterrara el cuerpo, sin la autorización de familiares y sin acto velatorio de despedida final.

 

Los restos de Abraham Agostini y José Díaz Pimentel fueron sepultados el día sábado 21 de enero en el mismo cementerio, de igual forma, sin acto velatorio en un entierro que las familias no habían autorizado y con la única presencia permitida de sus parientes más próximos.

 

Lo mismo ocurrió con los cadáveres de las otras cuatro personas muertas -el periodista Daniel Soto, los militares hermanos Abraham y Jairo Lugo y la novia de este último, la enfermera Lisbeth Ramírez, quienes fueron trasladados a sus estados de origen en avión militar para ser allí sepultados en un cementerio con fuerte presencia militar.

 

Criminalmente el gobierno hizo esperar a los parientes de Ramírez durante horas en un cementerio en el Táchira, para descubrir finalmente que el cuerpo de la enfermera de 30 años había llegado a otro camposanto, en el que fue finalmente enterrada la noche del sábado 20 de enero.

 

Óscar Pérez, de 36 años, laboró en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por 16 años, exhibiendo una conducta intachable, hasta junio del año 2017, momento en que se alzó contra el gobierno que preside Nicolás Maduro, en un acto de rebeldía al sobrevolar Caracas en un helicóptero del órgano en el cual laboraba, realizando un llamado a la desobediencia civil exhibiendo una pancarta que exigía: el respeto de la Constitución de la República y el restablecimiento de la democracia.

 

Por sus actos, fue considerado un “terrorista” por el Gobierno.  En varios videos publicados en las redes sociales, Óscar Pérez - pidió al pueblo y los militares que salieran a las calles para acabar con la tiranía chavista, que no utilizaran las armas para masacrar al pueblo y que hicieran a un lado la corrupción. 

 

En su última acción, Pérez asaltó junto a sus hombres dos dependencias militares, sometiendo a los soldados presentes, cabe destacar que en todo momento les respetó su vida y dignidad, no existiendo ningún tipo de bajas o agresión, solo les recriminó que sigan apoyando a un régimen como el de Maduro, según puede verse en una grabación de los hechos que él mismo difundió.

 

Según las actas de defunción, seis de los siete abatidos -entre ellos Pérez- perdieron la vida por un disparo en la cabeza, lo que evidencia el ajusticiamiento, además del exceso y aberración de la fuerza bélica utilizada por el gobierno, demostrando una ejecución sumaria, que puede ser catalogada como masacre, en abierta violación a los derechos fundamentales.

 

Estas acciones, comprometen directamente la responsabilidad del Estado venezolano por violación a los Derechos Humanos. Sin menoscabo de la responsabilidad individual y directa de los actores y de la cadena de mando, que coloca la sangre de estos mártires en sus manos, quienes para agravar su situación, autorizaron grupos de civiles armados para que actuaran en nombre del Estado venezolano. Grupos irregulares denominados colectivos, integrados por criminales de la peor calaña, coordinados por agentes del Estado para actuar con plena impunidad.

 

En su desesperación y desenfreno, el gobierno de Nicolás Maduro, ha tratado por todos los medios de desvirtuar la realidad de lo ocurrido y destruir las evidencias que demuestran el exceso y lo aberrante del procedimiento que condujo a la muerte de estos venezolanos. En reiterada jurisprudencia del derecho internacional, se considera que ante una presunta masacre donde sucedieron presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas, si se destruye la evidencia, todo deja de ser presunto, para dejar constancia expresa de la intencionalidad del agente.

 

La memoria de Óscar Pérez, acompañará el sentimiento de libertad de cada venezolano y perseguirá hasta sus últimos días, a los esbirros que se prestaron a tal vil crimen, a quienes en algún momento la justicia de Dios y los hombres alcanzará. 

 


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