Exhorto público que hacemos  a la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz. 

 

Nosotros, miembros de la Asociación Civil de Derechos Humanos y de Derechos Civiles FUNDECI, saludamos y aplaudimos el pronunciamiento que la Fiscal General de la República, la Doctora Luisa Ortega Díaz, hiciera el día de hoy 31/03/2017 sobre las sentencias números 155 y 156 que emitiera en “Ponencia Conjunta” la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y en el que no dudó en señalar que las mismas son violación al orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en consecuencia constituyen una ruptura del hilo constitucional. Ahora bien ciudadana Fiscal General, usted como parte integrante del Poder Ciudadano, Poder que se ejerce a través del Consejo Moral Republicano, le exhortamos públicamente a que su pronunciamiento no sólo quede en meras palabras producto del momento político que vive el país, sino que solicite con carácter de urgencia al Consejo Moral Republicano una reunión extraordinaria a fin de estudiar, investigar y evaluar sí los siete (7) magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y quienes en “Ponencia Conjunta” de las referidas sentencias, incurrieron en algunas de las seis (6) causales que a tenor de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano son consideradas FALTAS GRAVES de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y en consecuencia de ser así, iniciar el procedimiento establecido en dicha Ley Orgánica e informar a la Asamblea Nacional los hechos pormenorizados de la conducta de los magistrados que contengan la calificación  de faltas graves en un lapso de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de la decisión, ello de conformidad al artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, para que una vez cumplido con el procedimiento establecido en dicha ley orgánica y el Debido Proceso consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional proceda de conformidad a lo establecido en el artículo 265 de nuestra Carta Fundamental a la remoción de los integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Ciudadana Fiscal General es su obligación actuar en consecuencia, adelante que el pueblo venezolano le apoyará. Esperamos de usted.

 

Por la Junta directiva  

Elenis Rodríguez; Joel García; Sonia Guanipa; Rigoberto Quintero; Carlos Aponte; Luis Cabrera y Aiveh Vargas.    

 


El Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, expresa su preocupación por la violación de garantías constitucionales por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que mediante Sentencia N. 260 del 30-12-15, declaró: “procedente la solicitud de amparo cautelar, en consecuencia ORDENA de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación…” (sic) emanados del Consejo Nacional Electoral, contra los diputados electos por el Estado Amazonas.

 

Tal pronunciamiento contraviene la doctrina consolidada por ese mismo Tribunal Supremo, entre otras la siguiente jurisprudencia: “La proclamación de un candidato en un determinado cargo, así no sea de carácter público sino de los existentes en los órganos enumerados en el artículo 293, ordinal 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no puede ser suspendida o controlada a través de una acción de amparo constitucional otorgada a favor de quien lo pretende, pues en los procesos judiciales electorales cuando se impugnan actos como el referido, no es la protección individual de un derecho constitucional, sino el respeto a la expresión de la voluntad del electorado que oportunamente sufragó y eligió un candidato determinado, lo que priva, y ello conlleva a que la cuestión objeto del mismo sea de interés general.(sic) No obstante, lo anterior, considera esta Sala pertinente precisar que la acción de amparo constitucional si puede ser admisible en materia electoral, pero solo cuando se denuncia violación de derechos constitucionales relacionados con actos electorales que se inscriben dentro del proceso electoral, que no suponen la finalización del mismo,(sic) no así para aquellos relacionados con la votación, escrutinios, totalización y proclamación de los candidatos, que si conforman la fase final del proceso electoral, por ser el recurso idóneo para impugnar estos actos el contencioso electoral, (sic)”.

 

Otro hecho que reviste extrema gravedad es que la referida medida fue acordada sin que exista en el expediente prueba alguna de un supuesto “fraude estructural y masivo” contra los electores del mencionado Estado alegado por la recurrente, quien promovió únicamente una presunta grabación de la Secretaria de la Gobernación del citado Estado con una persona anónima donde ofrecía dinero a quienes votaran por la MUD o ayudaran a desviar el voto asistido. Grabación que es evidentemente ilícita, el artículo 48 Constitucional consagra la privacidad de las comunicaciones, la “Ley Sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones,” en su art. 2 castiga con prisión de 3 a 5 años, a quien “arbitraria, clandestina o fraudulentamente grabe o se imponga de una comunicación entre otras personas”, y a “quien revele, en todo o en parte, mediante cualquier medio de información, el contenido de las comunicaciones”, pues la recurrente fue relevada de la carga de la prueba por la Sala al calificar tal grabación como hecho notorio comunicacional, ello equivale a que una prueba inconstitucional y delictuosa adquiere la calidad de legítima por el solo hecho de ser difundida por los medios de comunicación, lo que adicionalmente contraviene el atr. 49, numeral 1 Constitucional,  que declara “nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.”, en tal virtud el recurso tenía que ser declarado inadmisible, por estar fundamentado en un hecho ilícito, del cual se ha hecho cómplice la Sala al admitirlo como prueba.

 

Tampoco debió declarar la suspensión “de los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación” porque los mismos ya fueron ejecutados, conforme a lo establecido en el art. 200 Constitucional: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación…”, en consecuencia se produjo una violación a la inmunidad parlamentaria de los diputados del Estado Amazonas y una violación a la soberanía popular, en los electores de dicho Estado que eligieron a sus representantes ante la Asamblea Nacional para que fueran su voz y defendieran sus derechos.

 

Lo expuesto patentiza que la sentencia 260 está viciada de NULIDAD ABSOLUTA, por inconstitucional e ilegal, y lo más grave, por ser ilícita al convertir un delito en una prueba y violentar la inmunidad parlamentaria y la soberanía popular.

 

En fecha 11-01-2016 la sala Electoral, dicta la Sentencia N° 1, Expediente: X-2016- 00000,1, en la cual declara en “Desacato” a la mencionada Asamblea por la juramentación de los diputados electos por el Estado Amazonas, y “NULOS ABSOLUTAMENTE los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo.”, con lo cual se pretende dejar a toda la nación venezolana sin Poder Legislativo y sin representación parlamentaria, alegando un desacato que nunca existió porque la sentencia 260 es inejecutable, pues no se pueden suspender los efectos de un acto que ya se cumplió, como fue la proclamación de los diputados del Estado Amazonas. Así mismo el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para invalidar a la Asamblea Nacional, ni anular sus actos presentes salvo por las causales previstas en la Ley y mucho menos los futuros, por lo que esta sentencia adolece de los mismos vicios de la sentencia número 260 referida anteriormente.

 

La responsabilidad personal de los jueces “por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”, como de hecho ha ocurrido en el presente caso, está consagrada en el art. 255 Constitucional.

 

Es gravísimo que la violación de los derechos fundamentales provenga del ente obligado a garantizar su respeto, quebrantando la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos y contraviniendo su propia jurisprudencia.

 

En Caracas a los 13 días del mes de enero de 2016.

 

La Junta Directiva


COMUNICADO FUNDECI

 

La Junta Directiva de la Fundación de Equidad Ciudadana y Derechos Civiles “FUNDECI” sugiere que ante los acontecimientos que se vienen sucediendo en el país, luego de los resultados de las elecciones del 6 de diciembre, en que la sociedad ejerció su derecho al voto de forma pacífica, manifestando una voluntad clara hacia un cambio de rumbo en el país, las ONG´s hoy más que nunca deben responder a la veeduría de DDHH, sin compromisos políticos hacia ningún sector, ya que nos debemos es a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin discriminación alguna.

 

Es por ello que consideramos, con mucho respeto, que las ONG´s no debemos inmiscuirnos en actos de naturaleza política, tales como la elección del nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, ello corresponde a los integrantes de ese Poder Público Nacional, que luego de su instalación el próximo 5 de enero de 2016, regirá todo lo relacionado con el proceso de formación de las leyes y demás funciones constitucionales, debiendo estar atentos a las propuestas elaboradas por la sociedad civil e instituciones que NO ejercen activismo político, como las ONG´s, que estaremos presentando lo antes posible, propuestas de reconciliación de los venezolanos, tales como la Ley de Amnistía.

 

Por último, como miembros de esta organización, seguiremos comprometidos y vigilantes con que se cumplan con los presupuestos establecidos en la Constitución de la República a favor de todos los venezolanos.

 

En Caracas a los 11 días del mes de diciembre de 2015.-

 

Por la Junta Directiva,

Elenis Rodríguez Martínez

Carlos Aponte

Claudia Valentina Mujica Añez

Joel García

Rigoberto Quintero Azuaje

Luis Cabrera

 

Aiveh Vargas


 

Ilustre Colegio de Abogados de Caracas

 

 

 

COMUNICADO

 

El ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CARACAS una vez más manifiesta su repudio ante las prácticas discriminatorias y abusivas del régimen, en esta oportunidad, la detención arbitraria del Alcalde Metropolitano, abogado ANTONIO LEDEZMA, ejecutada por un grupo comando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que sin respetar la condición de persona ni la investidura de Primera Autoridad Civil de la Capital de la República electa por el pueblo, violando así principios esenciales de soberanía popular y dignidad humana, se llevó al Alcalde en forma violenta, sin informarle el motivo de su detención, sin presentar la debida orden de aprehensión, ocultando por varias horas al detenido y sin permitirle la asistencia jurídica de su abogado en clara transgresión de las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa, en contravención a los tratados internacionales que tutelan los Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República.

 

Esta gravísima violación de Derechos Humanos, se ha hecho costumbre del presente régimen, quien con claras intenciones de ocultar a la opinión pública, la grave situación económica, política y social imperante en nuestro país, mediante una cadena nacional en la cual el jefe del Ejecutivo Nacional sentenció de forma anticipada la culpabilidad del Alcalde ANTONIO LEDEZMA en un supuesto plan de golpe de Estado en su contra.

 

Este Colegio observa con gran preocupación que estas prácticas antijurídicas son cada vez más frecuentes contra los disidentes del régimen, a quienes se les imputan diversos delitos por ejercer su derecho legítimo a disentir, la última novedad ha sido, criminalizar las protestas contra el régimen imputándole a los disidentes el delito de asociación para delinquir, cuando esta figura penal fue creada para castigar los delitos que implican fines económicos, a quienes adicionalmente se deja en estado de total indefensión al negárseles las garantías esenciales de un juicio justo en libertad, puesto que a pesar de que estas violaciones gravísimas de los Derechos Humanos son públicas y notorias, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los jueces de control, lejos de declarar la ilicitud e ilegalidad de tales prácticas, abrir las correspondientes averiguaciones penales a sus perpetradores y ordenar la inmediata liberación de los detenidos, convalidan flagrantemente la criminalización de la disidencia con sus acciones u omisiones, lo cual evidencia la inexistencia de separación de poderes, de Estado de Derecho y el uso de una justicia selectiva, personalizada y discriminatoria por razones de orden político.

 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado que “el derecho a un juicio justo constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Este derecho es una garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención, debido a que representa un límite al abuso del poder por parte del Estado.” Dic 2002 informe No 78/02. Caso 11.335.

  

Las “Directrices sobre la Función de los Fiscales”, aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas establecen:

 

 

12.   Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.  

 

13.   En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales:

 

A.  Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación política…/…

 

En consecuencia:

  

1-    Reiteramos nuestra condena a la utilización de la justicia como un instrumento para la discriminación, la represión, la criminalización de la disidencia y la imposición de una ideología totalitaria.

  

2-   Recordamos a las autoridades que la Constitución, las leyes y la política de un país deben garantizar un sistema judicial verdaderamente autónomo, imparcial e independiente del resto de los poderes públicos. Es responsabilidad del sistema de justicia garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana, el equilibrio entre los Poderes Públicos, el Estado de Derecho y la Democracia requisitos esenciales para un desarrollo sustentable.

  

3-   Exigimos a la Fiscalía y a los jueces que desconocen la constitución y las leyes garantes de los Derechos Humanos que cesen estas prácticas horrendas y aberrantes.

  

4- Expresamos nuestro apoyo al Abogado ANTONIO LEDEZMA y exigimos su liberación por la violación a sus derechos fundamentales.

 

 5- Reiteramos a la gente que en el gremio de abogados seguirán teniendo una voz en la defensa de sus derechos y un muro de contención en la imposición de un sistema de injusticia como el cubano, en el cual, los acusados son juzgados según la conveniencia del régimen.

  

6-   Convocamos a toda la ciudadanía y en especial a los abogados a que por todos los medios pacíficos, establecidos en la Constitución de la República, a asumir el restablecimiento inmediato del Estado de Derecho en Venezuela.

  

7-   Denunciamos que las referidas prácticas atentan contra todo orden democrático e infringen groseramente la Constitución que juraron defender, colocando a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial al servicio de fines contrarios y oscuros al de administrar justicia para garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana.

 

 8- El Colegio de Abogados de Caracas, no va a cesar de denunciar tales hechos ante los órganos garantes de Derechos Humanos.

  

En tal sentido conviene recordarles a quienes han hecho de tales acosos una práctica reiterada, que las violaciones graves de los Derechos Humanos no prescriben y acarrean responsabilidad civil, penal y administrativa. Más temprano que tarde, aquí mismo en Venezuela o en las instancias internacionales competentes, cesará la impunidad que hoy campea fueros en nuestra amada Patria.

  

En Caracas a los 21 días del mes de febrero de 2015.

 

 

POR LA JUNTA DIRECTIVA

 

Yvett Lugo U.

Presidenta

 

Antonio Paraco M

Vicepresidente

 

José A Soarez B

Secretario

 

Elinor Montes M

Bibliotecaria

 

 

 

 

 


 

Comando militar destroza celdas de

Leopoldo López y Daniel Ceballos

fecha: febrero 13, 2015

Con sopletes (equipos de oxicorte) y esmeriles un comando militar derritió los barrotes de las celdas de Leopoldo López y Daniel Ceballos en Ramo Verde; tras irrumpir violentamente destrozaron el interior de las mismas. Así lo denunció a través de su cuenta en twitter Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano y coordinador nacional del partido Voluntad Popular quien desconoce el estado de su marido y de el ex alcalde de San Cristóbal.

La violenta operación comando se produce luego que el jueves más de 36 hombres encapuchados y vestidos de negro, portando armas cortas y largas, intentaran en 2 oportunidades arremeter de la misma manera contra los dirigentes de Voluntad Popular y amenazaran a López diciendo “preparándose, volveremos con todo”.

La mañana del viernes Tintori ofreció una rueda de prensa junto a Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno (+) y el seguidor del oficialismo Jonny Montoya, hermano de Juancho Montoya (+) donde explicaron las acciones violentas ejecutadas contra López y Ceballos el jueves en Ramo Verde, así como los resultados de una gira internacional adelantada por Europa y Estados Unidos donde sostuvieron encuentros sobre la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden; al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; y al secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.

Al momento de esta nota, Tintori se dirige en compañía de sus abogados y dirigentes de la Unidad y del partido Voluntad Popular a la cárcel militar de Ramo Verde para conocer del estado de los lideres opositores.

La secuencia de hechos irregulares se produce al cumplirse el primer aniversario de la emisión arbitraria y sin fundamento de una orden de captura por parte del régimen de Nicolás Maduro contra Leopoldo López y su posterior detención el 18 de febrero.

 


Colegio de Abogados de Caracas exige liberación de Tadeo Arriechi

La corporación gremial aseguró en un comunicado que el abogado de Día Día no es el único colega detenido por su ejercicio profesional


El Colegio de Abogados de Caracas exigió este jueves en un comunicado la liberación inmediata de Tadeo Arriechi, abogado que asumió la defensa de la cadena de practimercados Día Día, y de otros demás colegas privados de sus libertades personales en circunstancias similares.

El organismo censuró la orden de aprehensión dictada por un tribunal penal de la ciudad de Caracas en contra del profesional del derecho por actuaciones relacionadas con su ejercicio profesional.

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, agrega, aprobados dentro del marco de Naciones Unidas (Doc. A/CONF.144/28/1990) establecen que “la protección apropiada de los Derechos Humanos requiere que todas las personas tengan acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por una abogacía libre e independiente”. Esos mismos principios pautan que “los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de estos últimos, como consecuencia del desempeño de sus funciones” (artículo 18).

En la situación analizada, las autoridades judiciales del país, por el solo hecho de que Arriechi asumió la defensa de la empresa lo imputaron por la pretendida comisión del delito de boicot a la economía, ignorando los principios arriba expuestos que rigen en el ámbito mundial, incluida, la República Bolivariana de Venezuela.

Constituye especial preocupación para el gremio, continúa el comunicado, que el de

Arriechi no sea un caso aislado, sino que se agrega a una numerosa lista de abogados venezolanos criminalizados por ejercer sus patrocinios.

El Colegio de Abogados de Caracas remitió copia del pronunciamiento al Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Relatoría de Naciones Unidas para el Libre Ejercicio de Jueces y Abogados, para que adopten las medidas pertinentes de acuerdo con sus respectivas competencias.